Joaquín Borges Triana sobre el Decreto 349

Estimado Juan Antonio:

Tengo problemas con mi conexión a Internet, por lo que estoy siguiendo este debate gracias al envío que haces por correo electrónico y quisiera que colgases en el blog mi opinión.

Varios representantes de la prensa extranjera acreditada en Cuba se han dirigido a mí para que les diese mis consideraciones sobre el Decreto 349 y así lo he hecho. En principio, yo estoy en contra del aludido decreto, por más que pueda entender algunos de los argumentos expuestos por los representantes del Ministerio de Cultura. Ocurre que siempre he creído mucho en la sabiduría expresada en el refranero popular y en él se asegura que de buenas intenciones está preñado el camino del infierno. Inevitablemente al leer una y otra vez el decreto, a mi mente viene lo sucedido con el texto del I Congreso de Educación y Cultura en 1971 o lo acaecido con una canción como “Adiós felicidad”, de Ela O’Farrill. Los protagonistas de aquellos tristes sucesos, o sea, los funcionarios de turno, lo hacían convencidos de que con semejante proceder ellos actuaban en beneficio de la cultura cubana y del pueblo, y la historia demostró que era todo lo contrario. En el caso de Ela O’Farrill, en una entrevista que le hice poco antes de morir, me contaba que la persona que inició el ataque contra ella y su composición era nada menos que uno de los mejores amigos de su padre y alguien que Ela tenía por excelente persona. Se trataba de un viejo luchador procedente del PSP pero con una mentalidad marcada por el stalinismo y que proyectaba en su ejercicio como funcionario en los hoy lejanos años sesenta.

Por más que se trate de explicar una y otra vez las bondades de este decreto, es inevitable que su letra y contenido tenga que asociarse a un acto de censura y por principio, yo estoy en contra de cualquier censura, aunque soy consciente de que el que paga manda, tanto en el capitalismo como en el socialismo. Por otra parte, no comparto en lo más mínimo la idea de que para que un artista pueda expresarse en la manifestación que cultive, obligatoriamente tenga que estar afiliado a una determinada institución cultural del Estado. Siempre ha habido y habrá creadores que por pura vocación les interesa ser outsiders o contracorrientes y por tanto, trabajar desde y en los márgenes. Los protagonistas de tales narrativas han ido empujando y renovando las corrientes que han sido parte de lo “políticamente correcto” en cada momento y con el 349 se obvia esa realidad de la historia del arte y la cultura no solo universal sino específicamente cubana. De ello puedo hablar muchísimo porque justo ese fue el tema de mi doctorado.

Quien estudie un poco el devenir de las artes y la literatura en disímiles contextos, se percatará de que los problemas que el decreto teóricamente pretende resolver en nuestro país, no se solucionan por medio de dictámenes legales como se quiere hacer en este caso, sino a través de apelar a la educación y a la formación del gusto desde la niñez y la juventud, tarea que tiene que ser asumida a partir de un enfoque integral y sistémico entre la familia, el Estado, los medios de comunicación y todas las instituciones.

Es de celebrar el hecho de que se tomen en cuenta las inquietudes y preocupaciones genuinas de muchos creadores y personas en general. Sin embargo, sigo considerando que el decreto 349 es una respuesta inadecuada a la pregunta correcta: ¿quién determina lo que carece de valor estético?

Las explicaciones que hasta hoy les he escuchado a los representantes del Ministerio de Cultura reproducen el tipo de premisas que, en mi criterio, entran en contradicción con el objetivo del decreto. En todos los casos se deja claro que el decreto “no se refiere a la creación artística ni a sus contenidos, sino a la difusión, exhibición o promoción, sin amparo legal ni institucional, de producciones que en la mayoría de los casos carecen de valor estético”. Pero, y ahí va la pregunta otra vez, ¿quién determina lo que carece de valor estético? De mi parte, me parece que hasta la cuestión legal e institucional se podría entender, aunque no obligatoriamente coincidir, pero el resto es totalmente subjetivo.

Nunca debería obviarse el hecho de que en la práctica existe tal diversidad en el ámbito estético que la determinación sobre quién es artista y quién no lo es, sobre quién es chabacano y quién no lo es, etc, pasa necesariamente por los juicios de valor de aquellos con la potestad de legislar. Creo que el estado tiene derecho a defender una concepción oficial de cultura, pero la misma no puede ser la única legal. Pienso que una de las razones es la dificultad objetiva de determinar lo que se denomina como “intrusismo”, algo que es inasible y en la práctica puede ser muy discriminatorio. Por ese camino, perfectamente alguien con poder y que no coincidiese con determinados criterios por no evaluarlos como políticamente correctos, podría decir, por ejemplo, que tú, Juani, no puedes escribir sobre cine porque eres graduado de Derecho o que yo tampoco lo puedo hacer sobre música pues no soy graduado de Musicología. Y es que el Estado no puede tener la potestad para determinar ámbitos estéticos.

El grave problema del 349 para mí es que más allá del carácter  administrativo y regulador que pueda poseer, echa manos a figuras morales que diluyen su naturaleza administrativa y de regulación para así convertirse en un instrumento de orden inquisidor. Y es que cuando se habla en el decreto de lo “vulgar y obsceno”, de “violencia”, “pornografía”, etc, se están empleando categorías que forman parte de la controversia en la historia del arte, pues están mucho más relacionadas a la subjetividad que a un lenguaje regulador conciso. Así, el inspector pasa de ser mero ejecutor administrativo a un inquisidor moral y tengo la impresión de que no hay modo alguno de capacitarlo para semejante ejercicio pues en la práctica es un disparate y éticamente inaceptable penalizar a todo aquel que, por una razón u otra, tiene una propuesta artística que difiere de la sensibilidad moral oficial. Esas, estimado Juani, resultan atribuciones que ningún estado debería tomarse. Y te repito, para mí, ninguna institución, por más que sus intenciones sean buenas, tiene derecho de imponer LÍMITES MORALES universales a la difusión y a la creación artísticas. Porque aunque se insiste que el Decreto 349 nada tiene que ver con actos de prohibición a la creación, el mismo establece un marco jurídico que en la práctica proscribe a los que poseen una visión estética diferente a la visión oficial por parte del Estado y eso, cuando menos, es injusto, como lo han demostrado numerosos sucesos a lo largo del devenir cultural entre nosotros a partir del 1 de enero de 1959.

Igualmente, el 349 me lleva a pensar una vez más en qué entendemos en nuestro país como creador artístico y en las divisiones que se establecen entre los graduados de escuelas de arte y los autodidactas. En ese distingo existe un sesgo social e incluso legal, que yo no comparto, a la hora de determinar lo que es un creador artístico pues de haber sido aplicado rigurosamente a lo largo de nuestra historia, numerosas figuras que en la actualidad son glorias entre nosotros, no hubiesen podido serlo.

Por otra parte, estimado Juan Antonio, dada la marcada ineficiencia que ha signado el proceder de numerosas instituciones culturales en años recientes, las mismas no gozan de los niveles de credibilidad requeridos como para poder cumplir de manera justa y apropiada con lo establecido en el decreto, en caso de que uno estuviese de acuerdo con él. También estoy en contra porque me parece impracticable pues no sé de dónde se podrá escoger un personal idóneo para integrar el cuerpo de inspectores encargados de hacer cumplir el decreto, tanto por la preparación que para ello se necesita como por el hecho de que las posibilidades de corrupción son más que elevadas, como lo prueba la experiencia de lo sucedido en otros cuerpos de inspección entre nosotros en los que la corrupción reina desenfrenadamente. Y es que mientras que en Cuba la pirámide social siga invertida, cosa que me parece aún durará unos cuantos años, la corrupción será presencia habitual entre los cuerpos de inspectores relacionados con prácticas en las que circule dinero de manera tentadora.

Como ya varias personas han expresado en diversos foros, mejor que prohibir es debatir públicamente con todos los implicados, ejercer la crítica abierta y razonada (no sobre la base de moralismos, que pueden ser tan arcaicos como el objeto de la crítica), promover otros géneros, etc. De ahí podemos aprender todos sin reprimir a nadie. Aplicar lógicas moralistas, y tratar de plasmarlas en la ley, no es un ejercicio saludable de educación cultural ni tampoco suele ser efectivo. Allí están los ejemplos de lo sucedido con el son cubano, la conga, el filin, la timba, e incluso del danzón, para recordar lo ocurrido con géneros que hoy son patrimonio de la nación, pero lo mismo podría decirse de lo ocurrido con el rock, el pop o el jazz. Por cierto, recomiendo leer un esclarecedor texto de Danilo Orozco (parece escrito para estos días) titulado Padriiino, quítame esa sal de encima…, publicado en La Gaceta, no. 5, sep-oct, 2013, pp. 19-23. Es una pena que una vez más los decisores no tomen en cuenta la opinión de cientistas sociales tan importantes como el fallecido y recordado Danilo.

En fin, apreciado Juani, un abrazo.

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Publicado el enero 6, 2019 en Decreto 349, POLÉMICAS. Añade a favoritos el enlace permanente. 1 comentario.

  1. Fernando Rojas

    Mi hermano Joaquín no se refiere a ninguno de mis argumentos en este blog. Si puedes, Juan Antonio, pasale la información

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