POLÍTICAS CULTURALES Y CREATIVIDAD EN CUBA

Aunque desde el siglo XIX los Estados se han ocupado de intervenir en ciertas áreas de la cultura, y proteger o impulsar con sus disposiciones públicas determinadas actividades, no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial que el término política cultural asume un carácter oficial a nivel internacional.

En esto tuvo mucho que ver la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se proclama en 1948, y que posibilita que varios países (incluyendo a Cuba) suscriban con el fin de garantizar el ejercicio ciudadano de esos derechos, que incluye los derechos culturales. Entre nosotros, estudiosas como Mildred de la Torre se han encargado de impulsar estudios rigurosamente científicos alrededor de un tema que, por lo general, ha conocido de muchas opiniones, pero pocos debates teóricos.

Gracias a esa labor de equipo, hoy tenemos una idea más completa y compleja de la historia de las políticas culturales en Cuba, con contribuciones como las de Jorgelina Guzmán Moré en las que se examina críticamente al Instituto Nacional de Cultura (1955-1959), por mencionar una de las zonas de nuestra historia cultural que permanecen en las más densas sombras.

Desde 1959 Cuba cuenta con un sistema institucional que ha posibilitado el acceso de sus ciudadanos a lo mejor de la cultura universal. El problema que hemos tenido con el examen crítico de la política cultural, es que apenas se han tomado en cuenta las expectativas de los gobernantes, en función de un criterio reductoramente ideológico que, para colmo, recorta los pronunciamientos a los espacios vinculados al arte y la literatura.

Como consecuencia de ello, la creatividad de las personas en el día a día (la invención de lo cotidiano, diría De Certeau) se pierde por completo de vista, fomentándose la idea de una cultura que solo es concebible a nivel institucional, es decir, legitimada por la tradición y el conjunto de instituciones que ya existen. No importa que, por ejemplo, las bibliotecas tradicionales asistan a la deserción masiva de sus lectores, quienes hoy viven bajo el influjo de las nuevas estrategias de lecturas: más allá de esa biblioteca tradicional, según los defensores de ese enfoque decimonónico, lo que existiría es una devaluación de la práctica lectora.

En realidad, desde los años noventa del siglo pasado se viene hablando de la necesidad de actualizar y repensar el concepto mismo de “política cultural”. En el “Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo” auspiciado por la UNESCO puede leerse lo que sigue:

A menudo, la política cultural se limita a ser una política para las artes, haciendo hincapié exclusivamente en la búsqueda de la excelencia artística e institucional. El resultado es una forma de política “minusválida”, que desvía el debate sobre el apoyo a la diversidad, la opción y la participación ciudadana, hacia cuestiones trilladas sobre “bellas” artes frente al arte popular, estatuto profesional frente a estatuto de aficionado, o si las artesanías, el floclore y otras formas de arte popular deberían ser objeto de apoyo”.

Aunque las discusiones en torno a las políticas culturales en Cuba parezca un asunto doméstico, en verdad estamos hablando de política exterior. En un mundo como el que actualmente habitamos, tan globalizado, tan conectado entre sí, lo que se construya como imagen cultural hacia el interior del país tendrá una repercusión inmediata en lo global. Veinte años atrás un Estado podría darse el lujo de prescindir de esos nexos, pero hoy, hacerse de la vista gorda sencillamente suena a conato de suicidio.

Lamentablemente, no hay entre nosotros todavía una conciencia real del problema. Nos sigue pareciendo que política cultural y control de los contenidos culturales que circulan dentro del país es lo mismo. Y lo que es peor, se asume que la política cultural ya está hecha, y que a diferencia de la cultura (que está en permanente construcción, y con todos los actores sociales negociando bienes simbólicos) no necesita ser renovada, discutida, repensada. Aquí vendría la pregunta del millón, desde luego: ¿quiénes, entre nosotros, estarían autorizados a enfrascarse en un debate de ese tipo?

Mi criterio es que son los creadores los que, en primer lugar, deberían fomentar discusiones de ese corte. Pero creadores en el sentido auténtico de la palabra, pues puede darse el caso de que bajo el título de artista, y la autoridad simbólica que reporta ese rol asociado a lo meliorativo, se defienda de modo ciego un orden de cosas que ya ha sido superado por la vida misma. Por lo que la autoridad debe provenir solo de lo epistemológico.

Debo decir que en el más reciente Congreso de la UNEAC escuché criterios bien atinados que iban en esa dirección. Y del discurso de clausura de ese evento del primer Vicepresidente Miguel Díaz-Canel, subrayé pronunciamientos que, a mi juicio, indicaban de modo muy inteligente la necesidad de poner a la creatividad en función de nuestras políticas culturales, y no a la inversa. No me canso de citar esta consideración realizada en ese discurso:

Debemos evaluar con rigor el impacto de las nuevas tecnologías en el consumo cultural, en la creación y la distribución. No puede verse ese impacto como algo negativo, sino como un reto inédito para la relación de las instituciones con los creadores, que debe reforzarse sobre reglas de juego diferentes. Tenemos que usar las nuevas tecnologías para promover lo mejor del talento con que contamos”.

Precisamente el uso creativo de las nuevas tecnologías en función de lo cultural, solo será posible con una política cultural inclusiva, que mire desde lo ciudadano (y no exclusivamente desde lo institucional, o lo que sus funcionarios deciden) las potencialidades que brindan ese conjunto de dispositivos que ya inundan nuestras vidas cotidianas de un modo informal. Y es un desafío que, en efecto, demanda nuevas miradas y lecturas.

Juan Antonio García Borrero

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Publicado el marzo 6, 2016 en Uncategorized. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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