SOBRE LA LEY DE CINE EN CUBA

Hoy apareció en el sitio Progreso Semanal este texto que escribí sobre la necesidad de una Ley de cine en Cuba.

LA LEY DE CINE NO ES UN CAPRICHO DE LOS CINEASTAS

Juan Antonio García Borrero • 18 de junio, 2015

En mis tiempos de estudiante de Derecho en la Universidad de Camagüey nadie me habló de lo que significaba para un país tener una Ley de cine. Me hablaron del Derecho de autor, de la propiedad intelectual. De todo lo que, de alguna manera, protege legalmente a aquellos que producen cultura, y en muchos casos, viven de ella a partir de lo que el mercado va estableciendo como prioridades. Pero no me hablaron de los derechos de quienes consumen esa cultura producida, por lo que en términos jurídicos las relaciones que se establecen en el proceso cultural diario permanecieron mutiladas.

Es posible entender esto porque el fenómeno de los derechos culturales es un asunto relativamente nuevo, y entre nosotros apenas se ha debatido. Es decir, como se da por sentado que hay una política cultural respaldada por un ministerio de Cultura, y un sistema de instituciones que, en teoría, cubre todas las expectativas culturales de la comunidad, se piensa que no es necesario discutir posibles actualizaciones de los marcos legales en que operan esas prácticas. El problema es que en la actualidad, entre nosotros muchas de las prácticas van por un lado y las instituciones por otro, y esa suerte de anomia cultural trae como consecuencia parálisis, diálogos de sordos, incomprensiones del momento histórico en que se vive.

En Cuba, desde hace un tiempo, ello viene sucediendo con el reclamo que los cineastas del patio hacen con el fin de que tengamos una Ley de Cine que responda a este siglo. Lo que todavía respalda legalmente la actividad cinematográfica en el país se lo debemos en lo fundamental a Alfredo Guevara, quien al formar parte del llamado Grupo de Tarará (aquel que paralelo a lo que se discutía en el palacio de Gobierno diseñaba casi en secreto las leyes más radicales de la naciente revolución), logró convertir en un cuerpo legal lo que hasta 1959 eran meras fantasías de quienes aspiraban a consolidar en Cuba una industria cinematográfica. Cabría preguntarse cómo fue posible que en medio de un país donde todo era convulso y crítico en aquellos instantes, y se priorizaban las leyes que tuviesen que ver con la tierra (Ley de Reforma Agraria) y la vivienda (Ley de Reforma Urbana), la aprobación de una ley fundando el ICAIC (primera institución cultural creada por la Revolución) alcanzase tal nivel de prioridad. Aquí no se podría soslayar, desde luego, la amistad existente entre Alfredo Guevara y Fidel Castro, pero al margen de eso que no deja de ser relevante, estaba la comprensión de la importancia que podía tener para la nación una ley que respaldara esa actividad, como si lo expresado por Dovshenko fuese entendido por políticos y cineastas: “El cine es caro, pero más caro es no tenerlo”.

Casi sesenta años después, las circunstancias no son ni por asomo las mismas. Para empezar, el cine no tiene ya el liderazgo del ocio en lo público. Se ven mucho más películas que antes, pero el desarrollo incesante de las nuevas tecnologías ha modificado los antiguos hábitos de la audiencia, al extremo de hacerlos casi irreconocibles. El consumo audiovisual se ha multiplicado, cierto, pero de un modo radicalmente informal, y con un claro crecimiento en lo doméstico, mientras que el grueso de nuestras instituciones permanecen estancadas en una rutina burocrática que ignora las nuevas realidades, esas que rediseñan incluso las antiguas modalidades de empleo laboral.

Algo de esto llegó a advertir el propio Alfredo Guevara cuando, a su regreso de París, anotara de un modo quizás brutal: “Dirigí el ICAIC unos cuantos años, hice un análisis de su composición y descubrí que tenía 600 gente de más…”. Bastaría echarle un vistazo a esa Ley 169 que en marzo de 1959 creó el ICAIC (y ya de paso posibilitó que el cine cubano ganara el lugar simbólico que todavía ocupa en nuestro imaginario), para entender de golpe por qué el 4 de mayo del 2013 un grupo de cineastas cubanos decidieran reunirse de modo espontáneo en el Centro Cultural “Fresa y Chocolate”, con el fin de reclamar participación en el inminente proceso de reestructuración del ICAIC. Aquella ley fundacional, hermosa en la defensa que desde su primer “Por cuanto” legal hace del cine como arte, respondía a una época donde todavía era posible que los Estados monopolizaran la producción cinematográfica y la distribución y exhibición de lo producido. En esos tiempos aún no se podía vislumbrar la llegada de una revolución electrónica que habría de propiciar el auge del nomadismo tecnológico y la proliferación de pantallas de diversos tamaños. En otras partes del mundo, y desde hace ya algún tiempo, se ha comenzado a construir una agenda práctica que aspira a tomar en cuenta desde lo jurídico esta nueva situación.

En Cuba hablamos ahora de la necesidad de una Ley de Cine que regule los nuevos escenarios de producción y circulación de bienes cinematográficos, pero a decir verdad, necesitamos pensar en leyes que piensen con una perspectiva de conjunto en ese futuro audiovisual que, paradójicamente, ya está instalado entre nosotros desde hace mucho. Recuerdo ahora aquel texto publicado por García Canclini en septiembre del 2001:

Necesitamos actualizar las leyes y crear otras nuevas, porque las industrias culturales han pasado a ser predominantes en la formación de la esfera pública y la ciudadanía, como lugares de información, sensibilización a las cuestiones de interés común y deliberación entre sectores sociales. Desde el siglo XIX y hasta mediados del XX, estas funciones habían sido cumplidas por la literatura, las artes visuales y la música, que proporcionaron recursos para reflexionar sobre el origen de la nación, sobre el carácter distintivo de cada cultura y para elaborar los signos de identidad”.

Mi criterio es que mientras más dilatemos el debate público de estos asuntos en Cuba, más rápido se estará renunciando a la posibilidad de generar alguna influencia en lo que pudiera ser en un futuro una política cultural efectiva relacionada con los medios. La discusión transparente y desprejuiciada en torno a nuestra Ley de Cine (no estamos hablando ahora de su aprobación, que es otro proceso) podría arrojarnos un diagnóstico más confiable que ese conjunto de especulaciones y posturas moralistas en que muchas veces, aun cuando nos guíe la buena voluntad, se nos convierten esos intercambios de criterios donde sustituimos los argumentos por los prejuicios de los expertos que ya parecen saberlo todo.

Lamentablemente, hay en nuestro gremio una carencia bastante notable de lo que pudiéramos llamar cultura jurídica asociada a la actividad cultural. Pienso, por ejemplo, en lo que aprecio en el contexto de la UNEAC, donde por lo general sus miembros van inmersos en la producción individual, sin preguntarse hasta qué punto esos bienes que se producen están realmente protegidos en estos nuevos contextos que nos ha tocado vivir. Y apelo una vez más a García Canclini, cuando apuntaba en aquel texto que mencioné antes:

La legislación no es solo una cuestión jurídica, sino de política cultural como promoción del desarrollo. La mejor política defensiva de cada cultura no es la que pone aduanas a los bienes y mensajes extranjeros, sino la que fomenta la producción endógena y ayuda a difundirla y entretejerla con la vida social”.

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Publicado el junio 18, 2015 en Uncategorized. Añade a favoritos el enlace permanente. 2 comentarios.

  1. Hola, quisiera saber si han logrado actualizar la ley de cine en Cuba. Pensamos rodar para septiembre de manera independiente y llegare desde Puerto Rico.

  1. Pingback: Sobre la ley de cine en Cuba - Cubanos por el Mundo

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